El combate del clientelismo

 

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Varios paises, incluyedo el Ecuador han hecho esfuerzos para combatir el clientelismo

El Caso de México: de peores prácticas a mejores prácticas...

México, por muchos años, se caracterizó por ser un país donde una de las finalidades de los programas sociales era mantener el monopolio del PRI (Partido Revolucionario Institucional).

La ayuda de los programas sociales era otorgada sin mayor distinción económica, a pobres o no pobres, pero sí con ciertos criterios políticos. Los beneficiarios debían brindar a cambio lealtad al partido ya sea en forma de votos o participando en marchas o eventos de apoyo priísta. El éxito de esta estrategia fue claro, el PRI se mantuvo en poder por más de 70 años consecutivos. Y la pobreza permaneció.

PRONASOL, fue uno de los últimos programas que siguieron estas fuertes líneas clientelares y se creó por el Presidente Carlos Salinas en 1989.  Este programa (PRONASOL) era retóricamente de participación comunitaria el cual proponía combatir la pobreza especialmente en las áreas más rurales y marginadas de México.

Sin embargo, Estévez, Magaloni y Díaz-Cayeros  argumentan, a través de un estudio cuantitativo del porcentaje de transferencias privadas dentro del gasto total del Estado y su alocación per cápita, que PRONASOL era utilizado como una de las estrategias para mantener la hegemonía del PRI.

El estudio demuestra que durante la existencia de PRONASOL, el 28% de los fondos recibidos por una municipalidad promedio eran utilizados clientelarmente.  En efecto, el programa se volvió más clientelar a través de los años.  Cuando inició en 1989, el 25% de los fondos recibidos por una municipalidad promedio eran destinados para uso clientelar, pero al fin del sexenio, en 1994, el porcentaje había aumentado ya a un 35%.

El efecto negativo del uso clientelar de PRONASOL (y sus altos gastos burocráticos y publicitarios) fue notorio en los sectores más pobres del país. De acuerdo con las mismas evaluaciones del programa, PRONASOL el cual contó con un  presupuesto promedio del 1.2 % del PIB, únicamente redujo la pobreza en un 3%, cuando su meta original era reducirla en un 60%.

Los pobres no eran únicamente negados de la ayuda social que les correspondía, sino sus derechos humanos y políticos fueron socavados, volviéndose títeres del sistema. Durante este tiempo la pobreza no fue lo único que se vio perjudicado, fue también la vida democrática del país.

Una nueva fase en la política social del estado mexicano se evidencia en la formulación del programa PROGRESA diseñado durante el sexenio siguiente por Ernesto Zedillo, último presidente del PRI.

PROGRESA no busca ser un remedio a los síntomas de la pobreza como los pasados programas sociales, sino va hacia sus causas.  Por ende, su objetivo fue combatir la pobreza intergeneracional, empoderando a los hijos dentro de los hogares más pobres; brindándoles así las herramientas necesarias para competir dentro del mercado laboral.

PROGRESA al igual que su antecesor (PRONASOL) consiste en una ayuda monetaria directa, pero con la característica de que son las mujeres las responsables de recibir y administrar los fondos.

En una sociedad caracterizada por el machismo, capacitar a las mujeres para ser administradoras del hogar fue una innovación. A su vez, la ayuda de PROGRESA era condicionada, lo cual significa que sus beneficiarios debían cumplir con ciertos requerimientos de atención médica, asistencia escolar, entre otros.

El sistema de selección era algo inédito, la encuesta llamada Encaseh (Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares), evaluaba la situación socioeconómica de cada hogar  y posteriormente como segundo filtro los resultados eran rectificados por la comunidad.

De acuerdo con Agustín Latapi (2005), el 90% del presupuesto operacional de PROGRESA llegó a los hogares beneficiarios y fue 99% libre de corrupción logrando una cooperación interinstitucional dentro del gobierno y ganando así el apoyo del ejecutivo y legislativo.

PROGRESA  se convirtió en el primer programa que sobrevivió un sexenio y más aún resistió la transferencia de poder de un partido político a otro; su nombre cambia a OPORTUNIDADES con el Presidente Fox del PAN y este es un tema debatido aún por analistas.

Hasta ahora OPORTUNIDADES se ha duplicado en tamaño desde el año 2000.  Y a partir del 2002 han surgido dos nuevas iniciativas para promover la participación ciudadana y la transparencia: por un lado, se ha empoderado a las familias beneficiarias con mecanismos formales de reclamo, y por otro, se ha sustituido la promotora – quien actuaba como única representante de beneficiarios frente a funcionarios municipales y estatales – por Comités de Promoción Comunitaria – integrados por tres vocales electos, una para educación, otra para salud y una de ‘control'.

Por otro lado también se han mejorado los niveles de selección introduciendo una segunda encuesta realizada al tercer año llamada Encreceh (Encuesta de Recertificación de los Hogares).

OPORTUNIDADES ha implementado también estrictos mecanismos de transparencia en su esfuerzo para erradicar el clientelismo y corrupción.  El personal de PROGRESA no tiene acceso a los fondos del programa, estos son manejados por instituciones financieras quienes realizan transferencias directas evitando así cualquier intervención de índole política o partidista.

Más aún, en tiempos electorales, no es posible ingresar beneficiarios a la base de datos y ya que no es sólo necesario un esfuerzo unilateral, también se llevó a cabo una gran campaña de concienciación a los beneficiarios durante el periodo de elecciones legislativas, estatales y municipales del 2003-2004.

La campaña consistía en hacer saber al público en general que la ayuda social es un derecho para aquellos que lo necesitan, no un favor del Estado. ‘Ningún político puede incluirte o excluirte de un programa, no importa como votes' – se leía en los carteles y se escuchaba en la radio.

¿Cuál es el impacto de un programa social cuando este no es utilizado clientelarmente?  A diferencia de PRONASOL, PROGRESA/OPORTUNIDADES ha tenido un claro impacto positivo en la alimentación, salud y rendición escolar de sus 25 millones de beneficiaros; número que comprende la mayoría de las personas viviendo en condiciones económicas y sociales adversas.

El actual presupuesto de 30 000 millones de pesos es destinado para otorgar a los hijos de hogares pobres la oportunidad de hacer frente a las actuales exigencias del mundo laboral.  Como menciona una de sus beneficiarias: ‘El programa funciona.  Mi hija no será la sirvienta de nadie'.

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